Documento del mes de diciembre de 2022. Solicitud para que se autorice a la Junta de Incautación del Tesoro Artístico a intervenir en los archivos municipales donde se está "depreciando" documentación y confiarla al Archivo Histórico de Albacete.
El Archivo Histórico Provincial de Albacete alberga documentación de sesenta municipios, hecho que no es habitual, ni en principio responda a ninguna norma, convenio o depósito. No solo pertenecen a nuestra provincia, sino a otras limítrofes, como Cuenca, Murcia, Ciudad Real y Valencia. La variedad de la documentación es amplia en fechas y contenido, desde privilegios rodados a expedientes administrativos, desde papeles sueltos a fondos completos. No tenemos constancia de la forma de ingreso de toda la documentación, pero en el caso de la documentación más antigua y relevante: privilegios, pergaminos, reales provisiones, libros registros… fue a causa de la Guerra Civil. Aunque, a priori, pueda resultar paradójico.
La Constitución de la Segunda República fue la primera Carta Magna española en incluir un artículo especialmente dedicado al patrimonio, su defensa y su conservación por parte del Estado. En su desarrollo aparecieron nuevas leyes y nuevos organismos de protección como la Ley del Tesoro Artístico Nacional (nombre que recibía el patrimonio cultural) de 13 de mayo de 1933 y la creación, en 1936, de la Junta Superior del Tesoro Artístico Nacional como órgano consultivo, que se transformaría al comenzar la guerra en la Junta de Incautación y Protección del Tesoro Artístico, órganos que cambiarían de nombre a lo largo del tiempo, pero que conservarían la misma finalidad, entre ellas velar por los archivos, las bibliotecas y los museos. Esta Junta tenía una organización jerárquica que se reproducía a nivel provincial y local en Juntas Delegadas.
LA JUNTA DELEGADA DE INCAUTACIÓN, PROTECCIÓN Y SALVAMENTO DEL TESORO ARTÍSTICO EN ALBACETE
En Albacete existió la Junta Delegada de Incautación, Protección y Salvamento del Tesoro Artístico de la Provincia, creada el 12 de mayo de 1937 (BOP 28-mayo-1937), compuesta por don Antonio Hurtado Polo, consejero provincial de Cultura, como presidente, y como vocales don Joaquín Sánchez Jiménez, profesor auxiliar de Literatura, historiador y posteriormente director del Museo, y don Julio Carrilero Prat, arquitecto provincial. Ellos fueron los encargados de proteger el patrimonio recogiendo bienes artísticos de las iglesias y de particulares de la provincia depositándolos en dos habitáculos, uno en sótano del Banco de España de Albacete capital, y otro, en una casa particular de Fuensanta hasta que, acabada la contienda, se devolvieron a sus legítimos propietarios. La Junta no sólo se ocupó del patrimonio artístico, sino también del documental, el más frágil de todos.
ALBACETE Y LA SALVAGUARDIA DEL PATRIMONIO DOCUMENTAL
En Albacete, la recopilación de documentación de valor histórico en riesgo de desaparición como libros, pergaminos, legajos, etc., había comenzado antes de la guerra. Uno de los objetivos de la Comisión Provincial de Monumentos en su andadura de 1928 era la depuración crítica de las fuentes en los archivos de la capital y provincia con el objetivo de la reconstruir de la historia de Albacete. Este núcleo original se instaló provisionalmente en el Archivo de la Audiencia Territorial.
Aunque la creación oficial del Archivo Histórico Provincial de Albacete tuvo lugar en 1962, lo cierto es que este comenzó a funcionar en el año 1938, precisamente con el fin de salvaguardar la documentación con valor jurídico, personal o histórico. Una carta fechada el 2 de marzo del citado año, escrita por don Agustín Millares Carló, a la sazón jefe de la Sección de Archivos del Consejo Central del Ministerio de Instrucción Pública y Bellas Artes, reclamaba respuesta a la petición formulada dos meses atrás al director del archivo de la Delegación de Hacienda sobre la existencia de archivos de carácter histórico en la provincia de Albacete. Consideraba inaplazable y urgente la creación del archivo histórico que debía estar integrado por «protocolos notariales, archivos judiciales, eclesiásticos, particulares y, a ser posible, los municipales».
En la misma misiva se informaba del acuerdo para la creación en cada provincia de una Junta para el Archivo de la Guerra, creado por disposición de 17 de agosto de 1937 –que, por cierto, llegó a funcionar en Albacete- su misión era recoger documentación impresa (diarios, revistas, libros, folletos, carteles, hojas sueltas, manifiestos, etc.) y enviarla a Madrid. Este archivo republicano de la Guerra existió, es totalmente diferente al que fue llamado Archivo de la Guerra Civil (Salamanca), elemento nuclear del Centro Documental de la Memoria Histórica.
LOS PRIMEROS FONDOS QUE INTEGRARON EL ARCHIVO HISTÓRICO
La respuesta al Consejo Central, con fecha 28 de marzo, daba cuenta de los fondos que podían servir de base al Histórico Provincial: archivos de Hacienda, de la Audiencia Territorial, Colegio Notarial, Consejo Provincial (Diputación), Ayuntamiento y archivo municipal del Juzgado. El 18 de mayo de 1938 el archivo histórico estaba creado, por tal motivo el director del archivo de Hacienda ordenaba a la Junta Delegada de Incautación, Protección y Conservación del Tesoro Artístico de Albacete, que tomara los archivos que se estaban «depreciando» en la provincia para que fueran protegidos en el recién creado archivo histórico, al tiempo que proponía al gobernador civil la cesión de la iglesia de San José como depósito documental.
Por si la Guerra Civil no fuera suficiente problema para los archivos, en 1938 se sumó otro: la carestía de papel. Desde agosto de ese año el Gobierno de la República giró una encuesta a las instituciones responsables de los archivos para determinar en qué situación se encontraban los fondos de los archivos notariales, municipales y eclesiásticos. Las respuestas fueron desiguales, en cuanto al número y al detalle, pero en general todos declaraban que no existía personal encargado, que el grado de desorganización era alto y que en los días de la sublevación se habían destruido muchos documentos. Aun así, rechazaban el traslado de los fondos al histórico provincial porque, según ellos, no existían documentos con carácter histórico. Varios, aún careciendo de personal mínimamente cualificado, se hallaban en proceso de clasificación de documentos en útiles e inútiles para la entrega de estos últimos a la Dirección General de Industria con el fin de conseguir pasta de papel.
Por último, en 1939, el Patronato Provincial para el Fomento de Archivos, Bibliotecas y Museos Arqueológicos, atendiendo a la orden circular del Ministerio de Educación Nacional de 1 de julio de 1939, solicitó a 32 ayuntamientos remitir al Histórico Provincial depositar toda la documentación anterior a 1850 con el fin de frenar la sistemática destrucción y pérdida del patrimonio documental. De esta forma ingresaron los fondos más antiguos, en soporte pergamino o papel, iluminados muchos de ellos, con sellos de plomo, de cera o papel, privilegios, libros registro en el Archivo Histórico Provincial de Albacete.
