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ESCUELA Y CUERPO DE INGENIEROS DE MONTES.

OTRO PERSONAL

 

El siglo XIX vio cómo todo lo relacionado con la administración de los Montes se fue modernizando, tanto las enseñanzas como la gestión. La creación de la Escuela de Ingenieros de Bosques, en 1835, es una muestra de ello. La ciencia y sus técnicas debían ponerse al servicio de tan valioso ramo del Ministerio de Fomento. En 1846 y 1862 se aprobaron sendos Reglamentos para la Escuela de Ingenieros de Montes.

La Administración de los montes del Estado y su régimen, conservación y beneficio de los de propios, comunes y establecimientos públicos quedó a cargo de los respectivos Gobernadores, según el artículo 1º del Real decreto de 6 de julio de 1845, a excepción de las provincias de Álava, Vizcaya, Guipúzcoa y Navarra, que se regirían por sus leyes y Ordenanzas especiales, así establecido en las Ordenanzas generales de 22 de diciembre de 1833.

La falta de entendidos ejecutores que pusieran en práctica las medidas de restauración y fomento de los montes dio lugar a la creación y organización del Cuerpo de Ingenieros de Montes, mediante Real decreto de 17 de marzo de 1854, ampliado y modificado por en 13 de noviembre de 1856 y 7 de abril de 1858.

Entre los 11 Distritos forestales establecidos estuvo la provincia de Cuenca, en cuarto lugar. Los Distritos forestales se distinguían de las demás provincias en que su administración directa estuvo a cargo de un Ingeniero titular, en vez de un Comisario, existiendo, además, varios Ingenieros de Montes destinados principalmente a la ordenación de los montes. El Ingeniero de mayor categoría estuvo a las órdenes directas del Gobernador y se encargaría de la inspección de todos los servicios forestales, tanto administrativos como facultativos, según el Real decreto de 13 de noviembre de 1856.

Cada Distrito forestal o provincia se dividió en Distritos periciales, variando su número según la importancia de los montes, que atendían Auxiliares y Peritos agrónomos. Además, hubo Comarcas de Guardería en los Distritos periciales, que solían coincidir con los Partidos judiciales, según el Real decreto de 6 de julio de 1845. Estas Comarcas estaban a cargo de Guardas mayores de a caballo y, a veces, de a pie, tomando éstos el nombre de guardas del Estado. Finalmente, las Comarcas de Guardería se dividían en Cuarteles de Guardería, que podían comprender un solo monte, un pueblo o uno o más ayuntamientos, si había falta de recursos, según Real decreto de 6 de julio de 1845. Los Guardas de campo estaban encargados de estos Cuarteles.

El personal al servicio de Montes estaba encabezado, en el Gobierno, por el ministro de Fomento, el director general de Agricultura, Industria y Comercio; el Oficial del negociado y varios Auxiliares.

Hubo una Junta Facultativa, que contó con Presidente, Vocales y Secretario.

El Gobernador fue la máxima autoridad en las provincias, acompañado del Ingeniero jefe del Distrito Forestal, otros Ingenieros y un Delegado, los Auxiliares, Peritos agrónomos, guardas mayores montados y de a pie, y los menores o locales. Los alcaldes, Jueces de Primera Instancia, el Consejo provincial, la Guardia civil, carabineros, etc.

A pesar de esta modernización en la educación y gestión de los Montes y la legislación aprobada, a finales del siglo XIX, en el año 1890, vio la luz una obra, El ramo de Montes, escrita por un forestal, y en ella se daban unos datos que ponían en evidencia la carencia de Ingenieros y personal auxiliar. Así, se cita expresamente: Sajonia, para atender a la reducida superficie de sus montes, tiene unos 170 Ingenieros; Francia, 850 para atender a la administración de unos 3 millones de hectáreas de superficie forestal, y España, para una extensión de monte doble que la de esta nación, tiene sólo (rubor da decirlo) 166 Ingenieros. Prusia, con unos 2 ½ millones de hectáreas de monte tiene un personal facultativo compuesto de 709 individuos.

En cuanto al personal auxiliar se detallaba en esta obra que consta de unos 200 individuos en Sajonia, pasa de 3.500 en Francia, es de cerca de 3.400 en Prusia, y en España se compone de 480 capataces y 65 ayudantes. Los precedentes datos bastan, sobradamente, para demostrar cuán diferente debe ser el procedimiento de nuestros gobernantes para llevar la gestión forestal por los derroteros que exigen una buena administración y la penuria del Tesoro.