Expediente de depuración de la maestra Rosario Aguado Pastor de la Puebla de Almoradiel (Toledo). En uno de los informes remitido por el cura del pueblo, se hace constar sus actividades contrarias al Movimiento Nacional. Año 1939. Archivo Histórico Provincial de Toledo.

Los profesionales de la Educación que eran considerados desafectos a la “Causa Nacional”, fueron duramente castigados por el Franquismo.

La Constitución de la II República en 1931 establecía los principios de una enseñanza pública, laica, gratuita, mixta y obligatoria, al tiempo que decretos posteriores establecieron la creación de miles de escuelas y plazas de maestros por toda España, que por primera  vez iban a recibir una enseñanza de carácter universitario inspirada en los principios de la Institución Libre de Enseñanza.

Desde los primeros momentos, el Franquismo consideró a todos los profesionales de la Enseñanza responsables de haber inculcado en la población el “virus republicano”, que era necesario extirpar de la sociedad. El proceso de depuración pretendía acabar de raíz con el problema y practicar un castigo ejemplarizante a los maestros y a los intelectuales que quedaban en el país.

La depuración no solo implicaba la revisión de la actividad política de los funcionarios, sino también de su historial profesional y personal. Los funcionarios que no superaban este proceso podían ser destituidos de sus cargos, lo que implicaba la pérdida de empleo y, en muchos casos, la prohibición de ejercer cualquier otro tipo de actividad profesional. Además, algunos de ellos podían ser víctimas de represalias más severas como la detención, el encarcelamiento o la ejecución.

Recientes estudios consideran que fueron depurados en España más de 60000 profesores, si bien esta cifra se refiere solo a profesionales de un nivel determinado, por lo que la cifra total sería mucho más elevada.